Vivimos en un sistema en el que una sola abogada (ella misma que carece de supervisión, transparencia o rendición de cuentas ante el público) puede cancelar, suspender o llevar ante el tribunal cualquier decisión de cualquier ministro, incluso en áreas donde no hay duda de que están bajo su plena y exclusiva autoridad. Realmente no hay precedentes de esto en la ciencia política. Ni siquiera sé cómo llamarlo.