Vivimos en un tipo de régimen donde una abogada (que carece de toda supervisión, transparencia o responsabilidad hacia el público) puede anular, suspender o llevar al desarrollo del tribunal cualquier decisión de cualquier ministro, incluso en áreas donde no hay ninguna duda de que están bajo su plena y exclusiva autoridad. Realmente no hay ningún precedente para esto en la ciencia política. Ni siquiera sé cómo llamarlo.